Durante los últimos dos años, la Auditoría Superior del Estado sancionó a 93 funcionarios por ocultar o retrasar información a entes públicos bajo su responsabilidad.

El titular de la ASE, Francisco Noriega Orozco, informó que las multas superan millones de pesos, con sanciones que de doce mil a doscientos mil.

Entre los sancionados se encuentran alcaldes, tesoreros y síndicos municipales, además de directores administrativos pertenecientes a distintos organismos y entes públicos fiscalizados del estado local.

El auditor explicó que las multas se convierten en créditos fiscales, se cobran mediante Finanzas y deben pagarse con recursos personales del servidor público sancionado.

Advirtió que el incumplimiento en el pago provoca boletinación en el buró de crédito, generando consecuencias financieras severas para cualquier funcionario responsable del servicio público.

Noriega Orozco afirmó que estas sanciones reflejan un endurecimiento fiscalizador, pues en los siete años previos solo dieciocho funcionarios fueron multados oficialmente por la auditoría.

Reconoció que antes existía tolerancia institucional al retraso informativo, práctica que fomentó opacidad y normalizó incumplimientos reiterados en la entrega documental de entes públicos estatales.

El auditor adelantó que la nueva Ley de Fiscalización, en análisis legislativo, busca imponer sanciones más severas a quienes obstaculicen el trabajo institucional estatal superior.

Francisco Noriega asumió como reto recuperar credibilidad ciudadana, asegurando que la Auditoría actuará sin tintes políticos y denunciará penalmente a infractores cuando existan elementos suficientes.

Estimó que durante el primer semestre próximo se turnarán expedientes a instancias legales para procesar responsabilidades administrativas y penales correspondientes contra servidores públicos señalados oficialmente