Los diputados de la Permanente aprobaron hoy una reforma al IPSSET que homologa la edad de jubilación a los 65 años de edad, amplían la base de aportaciones que hace el trabajador y eleva las cuotas patronales hasta 27 por ciento de forma gradual.

El acuerdo fue aprobado  con dispensa de trámite será llevado como dictamen al pleno en una sesión extraordinaria que se contempla para este viernes.

Se advierte que esta reforma, busca evitar la quiebra del fondo de pensiones estatal, cuya reserva se agotaría en 2031, según se argumenta en la iniciativa del ejecutivo.

Actualmente, los trabajadores aportan 10.50 por ciento del sueldo base, mientras entidades patronales contribuyen con el 21.50 por ciento, esquema insuficiente ante esperanza de vida y presión financiera.

La reforma mantiene porcentaje del trabajador, pero amplía la base de cálculo al integrar despensa, quinquenio y compensaciones, elevando aportación real sin modificar la tasa, es decir, se tomarán en cuenta todos sus ingresos.

De acuerdo al dictamen, para mitigar impactos inmediatos, la integración de prestaciones será gradual, iniciando con incrementos anuales de dos por ciento, hasta completar la base salarial integrada total.

Se destaca: “obliga a las entidades patronales a aportar sobre el aguinaldo y eleva gradualmente cuotas y aportaciones para fortalecer el fondo solidario”.

Plantea que la cuota sobre nuevas prestaciones arranque en 2% y suba 2% anual cuatro años; patrones iniciarían 3% hasta 27%.

“En patronales, las aportaciones crecerán progresivamente hasta 27 por ciento del salario de cotización, sumando para nuevos ingresos un 27 por ciento adicional sobre aguinaldo”.

La iniciativa ajusta montos para nuevos trabajadores: la jubilación será del 90 por ciento del salario regulador integrado, frente al 100 por ciento vigente actual.

Otro cambio central fija la edad de jubilación en 65 años para hombres y mujeres de nuevo ingreso, manteniendo condiciones actuales para trabajadores en activo.

Esta homologación aplicará en jubilación y edad avanzada, con pensiones de 45% a 90%.

El cálculo de la pensión también cambia: para nuevas generaciones, el salario regulador promediará los últimos diez años, actualizado por inflación, evitando alzas artificiales finales.

El estudio actuarial proyecta que, sin ajustes, las reservas del Instituto se agotarían en 2031, forzando aportaciones extraordinarias con impacto directo en finanzas públicas estatales.

La iniciativa garantiza derechos adquiridos: trabajadores activos conservan edades y porcentajes vigentes, y pensionados actuales no verán modificadas sus condiciones de pago ni beneficios legales.

Proyecciones financieras estiman que, aunque el costo inicial aumenta, la reforma reducirá el pasivo actuarial en 13 mil 800 millones de pesos, asegurando viabilidad sostenible.