En Tamaulipas ya no hay intocables. Así lo afirmó Humberto Prieto Herrera al celebrar el fallo de la Suprema Corte que reactivó, hace unos días,  la orden de aprehensión contra el exgobernador Francisco García Cabeza de Vaca. 

El presidente de la Junta de Gobierno del Congreso sostuvo que la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación marca un parteaguas, al dejar sin efectos el amparo que impedía ejecutar la orden judicial.

El coordinador de Morena afirmó que la decisión del máximo tribunal rompe el “blindaje” que protegía al exmandatario por delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Prieto Herrera aseguró que la determinación judicial responde a una exigencia social acumulada durante años, impulsada —dijo— por más de cien mil firmas ciudadanas que reclamaban revertir la protección legal otorgada.
“Se terminó la cobertura que lo mantenía fuera del alcance de la justicia”, expresó el legislador, al señalar que ningún cargo público debe servir como escudo frente a presuntas conductas ilícitas.
El diputado por Reynosa consideró que el fallo envía un mensaje político y jurídico: las decisiones judiciales pueden revisarse y corregirse cuando existen elementos suficientes para hacerlo.
En ese contexto, convocó a quienes se consideren afectados a presentar denuncias formales ante las instancias correspondientes, al señalar que este es el momento para que los casos se documenten.
Prieto Herrera afirmó que la exigencia de justicia no es un asunto partidista, sino una demanda ciudadana que busca cerrar ciclos de impunidad y fortalecer el Estado de derecho en la entidad.
“Hoy la Corte tomó una decisión que muchos esperaban”, puntualizó, al insistir en que el ejercicio del poder no puede colocarse por encima de la ley.
El legislador sostuvo que el proceso deberá seguir su curso legal y que corresponderá a las autoridades federales ejecutar las acciones derivadas del fallo judicial.
Con la reactivación de la orden de aprehensión, el Congreso local coloca el acento en un mensaje político claro: en Tamaulipas, dijo, nadie debe considerarse fuera del alcance de la justicia.