A raíz de los presuntos desfalcos detectados en diversos ayuntamientos, la Auditoría Superior del Estado solicitó al Congreso aprobar la nueva Ley de Fiscalización, que establece multas entre 15 mil y 200 mil pesos para alcaldes, tesoreros y síndicos, con incrementos obligatorios en casos de reincidencia. El Auditor Superior del Estado, Francisco Noriega Orozco, explicó que la propuesta surge ante el incumplimiento constante de los municipios en la entrega correcta de documentación, informes financieros y comprobación de gastos incluidos en las Cuentas Públicas.

Durante la presentación del Plan de Trabajo de la ASE para el ejercicio fiscal 2026, Noriega detalló que se fiscalizarán 195 cuentas públicas, de las cuales 90 pertenecen a ayuntamientos y organismos paramunicipales como Comapas, DIF e institutos municipales.

Además van 40 Cuentas de desempeño y la diferencia son 70 de gobierno y poderes del estado.

El Auditor informó que la Comisión de Vigilancia ya autorizó iniciar el programa de revisión correspondiente a la cuenta pública 2025, que será analizada formalmente a partir del próximo año dentro de este calendario.

Recordó que para este periodo se incluye únicamente la proporción correspondiente al extinto ITAI, el cual desapareció por reforma legal, aunque mantiene pendientes algunos trimestres entregados con anterioridad.

Subrayó que existe un relajamiento preocupante en los municipios respecto a la entrega de información obligatoria, la cual debe ser presentada mensualmente por ayuntamientos y trimestralmente por organismos gubernamentales y poderes públicos.

Noriega señaló que esta deficiencia impide planear auditorías de mayor calidad, pues la ASE recibe reportes incompletos o mal integrados, lo que provoca retrasos en la revisión y limita la confiabilidad de los resultados.

Explicó que la nueva Ley de Fiscalización propone sanciones económicas más severas debido a que los requerimientos de información se cumplen tardíamente o simplemente no son atendidos por los responsables municipales.

Detalló que actualmente existe un acuerdo general que define la información a entregar; sin embargo, varios ayuntamientos simulan cumplimiento enviando carpetas incompletas o sin la documentación exigida.

Añadió que el incumplimiento de los procedimientos de adquisiciones también es recurrente, pues aunque la obra o el servicio se realice, los procesos administrativos no cumplen los requisitos legales establecidos.

Noriega expuso que este año se aplicaron cerca de 70 multas bajo la ley vigente, pero sin considerar reincidencias, situación que cambiará con la nueva normativa para fortalecer la disciplina financiera.

Afirmó que la reforma permitirá imponer sanciones cuando los municipios entreguen información incompleta, y no solo cuando omitan informes o incumplan con la cuenta pública en su totalidad.

El Auditor aclaró que estas multas deberán pagarse con recursos personales de alcaldes, tesoreros o síndicos, y no con fondos públicos, pues hacerlo constituiría una falta administrativa grave susceptible de crédito fiscal.

Finalmente, advirtió que varios entes municipales mostraron resistencia continua para enviar información, situación que será atendida con mayor rigor mediante sanciones progresivas y estricta vigilancia en el próximo ejercicio fiscal